Primero fueron robados y hacinados; más tarde recuperados por la Guardia Civil con titular de prensa; y ahora, después de cuatro meses de encierro… serán matados en pocos días.
Dentro de unos años, ni ellos ni tampoco nosotros habremos dejado huella: Pero la miseria que nuestra sorda administración provoca, yace indignada en nuestro interior entre lágrimas de rabia.
Fué a finales de mayo del presente 2012, cuando el SEPRONA de la Guardia Civil desmantelaba una instalación ilegal de perros a pocos kilómetros de Logroño. El presunto responsable -con antecedentes delictivos- es acusado de los delitos de robo y maltrato, e inmediatamente puesto en libertad a disposición judicial.
Los perros fueron llevados al CAA –Centro de Acogida Animales de Logroño/La Rioja-, y tras oportuna comprobación resultó que varios habían sido robados en Ciudad Real (Diligencias Previas 389/12). Una vez avisado el antiguo propietario se personó en Logroño y se hizo cargo de sus perros.
Los otros 8 perros fueron depositados -como se deposita un vehículo de precinto-, en las jaulas del CAA en estado lamentable de desnutrición y lesiones, a disposición de no se sabe quién.
Estos 8 perros llevaban incorporado el microchip, cuya información contenida fue borrada con un método habitual en cierto gremio: primero los perros/chips causan baja de la Comunidad Autónoma en que se hayan inscritos para aparentemente ser dados de alta en otra; pero este último paso no se ejecuta. Las Comunidades no cotejan datos, y la información se pierde. Simple. Resulta evidente la complicidad por parte de algún veterinario de la zona para cometer el delito.
En España sólo los crotales que distribuye el Ministerio de Ganadería para el ganado tienen un control centralizado. Sin embargo los perros -y sus propietarios- sufren el descontrol y libre albedrío de Comunidades Autónomas, fabricantes, distribuidores, y clínicas veterinarias privadas en el uso del transponder (microchip).
El periodista J.I.Gasco publicó los días 4 de junio y 5 de junio en el diario La Rioja, la intervención de la Guardia Civil.
A mediados de julio el gerente del Centro CAA presenta escrito en el Juzgado nº 1 de Logroño (Diligencias 1441/12), solicitando la toma de medidas resolutorias para una situación que se intuye puede prolongarse en el tiempo. Los 8 decomisados llevaban dos meses enjaulados en el CAA con futuro incierto (se cree que también fueron robados, pero la administración no lo averiguó, o carece de los medios informáticos para hacerlo).
A mediados de septiembre el Juzgado de Logroño comunica al CAA la resolución por la que puede disponer de esos perros conforme a la Ordenanza Municipal Reguladora De La Tenencia Y Protección De Animales De Compañía de Logroño.
Dicho texto no recoge artículo alguno sobre perros robados; e introducirlos injustamente en la consideración que hace referencia el art.7 “Actuaciones con animales vagabundos”, daría lugar a su muerte inmediata salvo decisión del CAA o que alguna asociación protectora de animales se hiciese cargo instantáneamente de ellos.
En el mejor de los casos, ese art.7 de la O.M. hace referencia a la Ley 2/2000, de 31 de marzo de Protección de Animales de La Rioja (B.O.R. nº70, de 3 de junio de 2000); y suplicando amparo en ella –bajo la consideración equívoca de “vagabundos”-, a dichos perros se les concede un máximo de 15 días de vida si presentan microchip y su dueño renuncia a ellos, y 8 días de vida si carecen de microchip. No se ajustan a nada. Limbo legal.
La práctica ha sido que durante 4 meses estos 8 animales han estado encerrados en jaulas de cuatro metros cuadrados. Que paradójicamente ni la administración ni el imputado se han hecho cargo de las costas que entrañan las labores de alimentado, limpieza y servicios veterinarios. Que dichas costas y labores han sido atendidos por el CAA. Y que estos perros podrían morir en cualquier momento.
Lo sorprendente es que durante los largos cuatro meses que llevan esos perros cumpliendo, mejor dicho, aumentando su condena, no ha sido tomada manifestación al presunto culpable por los delitos que se le imputan en sendos juzgados.
Abrevio otras irregularidades administrativas dignas de reseñar más adelante, porque lo que premia ahora no son los datos sino vosotros.
Gracias a la difusión hecha la semana pasada por las redes sociales, una alegre perra de ‘los 8 decomisados’ salió el pasado sábado rumbo a Madrid.
Otra buena noticia es que el CAA está retrasando unos días la muerte de esos perros. Este caso es tan desgraciado que quieren hacer lo que esté en su mano -pero no hay milagros y cada día siguen llegando-, a la adopción básica de 62€ que establece la Ordenanza Municipal, le sumarán una cifra ridícula de esterilizado llevada a cabo en su propio centro veterinario.
La verdadera Crisis se mide en el corazón de las personas…
…Justicia y Vida para “Los 7 decomisados”.
ADOPCIÓN —> Capi está adoptado!!
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